Con el objetivo de mantener un control sobre el gasto farmaceútico público, permitiendo que los pacientes podamos acceder a los medicamentos más eficientes e innovadores, los Ministerios de Sanidad y Hacienda han firmado un protocolo con la industria farmacéutica que permita la sostenibilidad de Sistema Nacional de Salud. El acuerdo alcanzado vincula este gasto al crecimiento de nuestra economía (al PIB), procurando un seguimiento del mismo y favoreciendo el desarrollo industrial y la innovación del sector farmaceútico.
El compromiso alcanzado entre Estado y Farmaindustria, la patronal de este sector, contempla compensaciones económicas de los laboratorios farmacéuticos a las arcas públicas en el caso de que el gasto en medicamentos no genéricos se incremente más de lo crezca el PIB real de la economía. Esta compensación puede ser a través de la financiación de programas o planes estratégicos de salud pública que ahorren dinero al SNS.
En la actualidad el gasto en medicamentos está creciendo al mismo ritmo que la economía. Las recetas públicas costaron 9.362 millones de euros en 2014, un 2% más que el año anterior. Este gasto creció por primera vez, tras la introducción del sistema de co-pago que introdujo la exministra de Sanidad Ana Mato, pero no se trata del total de gasto farmaceútico, sino la parte que asume la Administración en aquellos medicamentos subvencionados obtenidos con receta en las farmacias. La cifra total es mucho más abultada, pero no se conoce con precisión, ya que habría que sumar los medicamentos más innovadores y costosos que se administran en los hospitales.
Este modelo de relación público-privado, de riesgo compartido, tendrá una vigencia anual, prorrogable hasta un máximo de tres años, fecha en la que será revisado. Con ello se procurará la sostenibilidad de un Sistema de Salud dentro de un marco más predecible, racionalizando el gasto, garantizando el acceso a tratamientos innovadores con igualdad en todo el territorio, según se establece en el Protocolo firmado.